Edwin Carcaño Guerra
En la gran estructura que conforma el gobierno de México, existen tres grandes poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene grandes retos y compromisos sociales. Como instituciones, los tres tienen su razón de ser en servir a los individuos para ayudarlos a alcanzar una vida plena, con educación, salud y seguridad. Es un objetivo difícil mas no imposible. En muchos lugares del mundo, algunos países han logrado generar instituciones muy eficientes que sirven a sus ciudadanos de manera positiva. El gran problema es cuando estos poderes gubernamentales se apartan de su función básica y les hacen daño a las personas.
México enfrenta un problema presupuestal de gran magnitud: cada día la presión del gasto social le va ganando terreno al presupuesto de infraestructura. Las necesidades de atención ciudadana van en gran aumento. La llegada del grueso poblacional de la generación Millennial (1983 – 2005) al mercado laboral va a cambiar muchas de las formas de hacer las cosas. Cada año hay al 2´600,000 nuevos mexicanos entrando al área laboral. De la misma manera, hay que aumentar la capacidad de los servicios de gobierno ante esta nueva ola de mexicanos entrando a la edad productiva.
La presión gubernamental en el gasto de infraestructura tiene que canalizarse hacia las Asociaciones Publico Privadas (APPs). De esta manera el gasto social podrá seguir expandiéndose para tratar de cubrir las mayores necesidades de la población. La rama del ejecutivo con mayores retos ante estos cambios son los gobiernos municipales. Las nuevas leyes de austeridad financiera los atan de manos para realizar tanto APPs como deuda para generar proyectos. Por ello los alcaldes de México tienen que administrar sus recursos con máxima eficiencia. El problema es que las municipalidades de México no están capacitadas para enfrentar las nuevas reglas.
Los alcaldes entran con muy buenas ideas de campaña al Palacio Municipal. Entran con la gente que los acompañó durante la carrera electoral y arman un equipo lo más capaz posible. Sin embargo, las cosas empiezan a ponerse mal cuando llegan a la tesorería y no hay nada de presupuesto. También encuentran deudas muy caras de pagar. Cuando llega la temporada de recolectar el impuesto predial, un gran porcentaje de ese ingreso nunca llega. Los sistemas de agua potable no son rentables. Subir impuestos es impensable ya que significaría perder la reelección tres años después. Ser alcalde es sacarse el tigre de la rifa.
Aquellos presidentes municipales que creen que poniéndose en fila para que los reciba “Doña Fede” van a encontrar las soluciones a sus problemas, les tengo una mala noticia: La Federación no tiene recursos. Es mejor la opción de armar un Plan de Ordenamiento Financiero y empezar a enfrentar las necesidades de la alcaldía con optimización de recursos propios. Esto incluye mejorar la dinámica del marco legal y generar proyectos ejecutivos que se aprueben en el H. Congreso del Estado. Ahí radica uno de los secretos de las nuevas reglas del juego: una buena relación legislativa para ir aprobando los proyectos que la sociedad más necesita.
Los proyectos sociales más importantes para un municipio tienen que ver con el agua potable, la recolección de basura, la seguridad y el desarrollo urbano. Los H. Congresos Estatales ahora tienen la responsabilidad de aprobar los proyectos municipales que signifiquen deuda o Asociaciones Público Privadas. Es importante que ante esta nueva responsabilidad, los Diputados tengan una mejor disposición a los proyectos que impliquen mejorar la infraestructura de las municipalidades. Más importante aún, es brindar una buena capacitación a los tesoreros municipales para poder enfrentar, de manera exitosa, los retos que avecinan al país.
La ciudadanía no puede esperar a que la clase política asimile intelectualmente sus necesidades. Los tiempos de desarrollo y de progreso económico son ahora.
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